Oxfam acaba de publicar un importante análisis sobre la captura de las políticas públicas por parte del poder corporativo y los efectos que esto tiene sobre la desigualdad, documento que también aporta una «guía metodológica para la realización de estudios de caso sobre el fenómeno de la captura, cuyos resultados contribuirán sin duda a avanzar en su comprensión y a determinar su relación con la desigualdad».
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Las élites extractivas tienen la capacidad potencial de utilizar el control que ejercen sobre diferentes recursos de poder para influir sobre políticas públicas que afectan a sus miembros, beneficiar sus intereses económicos y de otra índole, aumentar su influencia sobre los decisores políticos, definir la agenda política y de discusión pública, etc. Este proceso de captura o secuestro de la política, además de propiciar una distribución ineficiente de los recursos existentes, erosiona la legitimidad del sistema democrático, refuerza las asimetrías entre diferentes grupos dentro de una sociedad y acaba minando la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y en los decisores políticos. Todo ello puede traducirse en una mayor desigualdad tanto política, como socioeconómica e, incluso, de oportunidades. Esta es una preocupación central del trabajo que Oxfam desarrolla.
Este documento, elaborado por Hernán Cortés y Déborah Itríago, busca explicar cómo algunas élites usar el poder que han adquirido para apropiarse de las políticas públicas y de las leyes de los lugares donde operan, manipulando contratos o marcos legales en su propio beneficio. Esta situación, como ve el análisis, incide de forma negativa sobre la lucha contra la desigualdad y la pobreza.
La captura por parte de las élites no es un fenómeno reciente –más bien lo contrario–, ni es tampoco un fenómeno que se pueda limitar a países en vías de desarrollo. La mayor influencia de ciertos actores sobre las decisiones políticas en un contexto determinado demuestra los desequilibrios en la distribución de poder que existen en las sociedades. Estas asimetrías se trasladan inevitablemente a la arena política condicionando las respuestas que se dan ante determinadas situaciones. Es importante, por lo tanto, encontrar un equilibrio entre los intereses privados y los públicos, evitando que los primeros permeen a los segundos. La situación contraria no sólo es indeseable e ineficiente en términos de redistribución de recursos, sino que ha sido una constante en determinados contextos geográficos, principalmente –aunque no únicamente–, en países en desarrollo.
