María José Romero (Eurodad), Jasmine Gideon (Birkbeck, Universidad de Londres), Patricia Miranda y Verónica Serafini (Latindadd)
Este es el segundo de una serie de artículos sobre el brote de coronavirus y su impacto en América Latina. En el primer artículo exploramos los factores subyacentes de la emergencia sanitaria, incluyendo las políticas de austeridad y una mayor participación del sector privado a través de las asociaciones público-privadas (APP) en los servicios de salud.
En este artículo analizamos la probabilidad de una crisis económica y los impactos negativos sobre la población en situación de pobreza o con diferentes condiciones de vulnerabilidad, particularmente las mujeres. Estos impactos resultan de las medidas adoptadas para responder a la pandemia y evitar su propagación, y de la situación que enfrenta el mundo desarrollado. Al final, analizamos también el camino a seguir en la región y el mundo.
Los impactos económicos y sociales del coronavirus – análisis de los costos
En la mayoría de los países de la región, los esfuerzos de contención han significado el cierre de fronteras, de escuelas y de tiendas y restaurantes para garantizar el distanciamiento social. Estas medidas ya están impactando negativamente en términos de actividad del sector servicios. Si bien muchos gobiernos están implementando paquetes económicos de emergencia, esta situación limitará las finanzas públicas y aumentará los niveles de deuda que ya son altos, con un impacto perjudicial a mediano y largo plazo en los más vulnerables.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la deuda subió de un promedio de 39.4 por ciento en 2017 a 42.3 por ciento del PIB en 2018. En Argentina, existe una situación excepcionalmente preocupante ya que ha aumentado los niveles de deuda más de 38 puntos porcentuales durante este período.
Existen diferentes canales o vías de impacto, como ser el comercio y el turismo, y algunos de ellos son subregionales o nacionales. En algunos casos, el impacto negativo de las medidas promulgadas para contener el brote local se sumará a las consecuencias negativas de los factores externos. Por ejemplo, la fuerte caída en el precio del petróleo beneficia a los países importadores de petróleo de la región, pero afecta a los países que dependen de su exportación. Los menores volúmenes de exportación, dadas las medidas promulgadas en China, Europa y los EE. UU., reducen los ingresos del comercio internacional. Muchos países se verán afectados negativamente por la menor demanda turística como resultado del cierre de las fronteras.
No se sabe el momento en que las economías nacionales podrán recuperarse. Sin embargo, lo que está claro es que la crisis económica puede resultar en una disminución sin precedentes en los ingresos de muchos proyectos de infraestructura implementados a través de contratos de APP en todo el mundo, como aeropuertos y carreteras. Como muchos países latinoamericanos tienen APP en el sector de infraestructura, la crisis económica podría dar lugar a la ejecución de garantías públicas para compensar las pérdidas sufridas por las empresas privadas. Esto tendría un impacto fiscal negativo en las arcas públicas y, por lo tanto, en la ciudadanía.
El brote de coronavirus también puede implicar importantes desafíos sociales. Uno de ellos es el impacto negativo de las medidas de confinamiento, principalmente en términos de precariedad laboral. Por ejemplo, en el Perú, el 73 por ciento de la ocupación es en informal, lo que significa que no hay seguridad social ni derechos laborales. Del mismo modo, en Bolivia, donde alrededor del 80 por ciento de la población trabaja por cuenta propia o trabaja como vendedor ambulante, muchos tendrán que seguir trabajando a pesar de la cuarentena.
Además, aunque tanto las mujeres como los hombres tienen un empleo informal, la evidencia indica que es más probable que ellas tengan un empleo informal y por lo tanto tienen menos probabilidad de tener derecho a los beneficios de la seguridad social.
Está claro que para muchas personas en todo el continente el trabajo remunerado desde el hogar (teletrabajo) no es una opción, lo que también puede tener un impacto negativo en términos de propagación del virus.
En los casos en que es posible el aislamiento, es fundamental asegurarse de que esto no aumente la ya alta tasa de violencia doméstica contra las mujeres, ya que se ven obligadas a vivir las 24 horas del día con su agresor. Una investigación mexicana revela cómo durante los períodos de tensión (como durante la Copa del Mundo o los años de elecciones) o cuando las familias pasan largos períodos juntos, como durante los feriados religiosos, la violencia doméstica y las tasas de feminicidio aumentan notablemente. Esta preocupación es, por lo tanto, muy real.
Además, es altamente probable que el impacto social del coronavirus tenga un fuerte componente de género. Los datos de toda la región muestran que las mujeres ya pasan más horas por día combinando el trabajo remunerado con el trabajo de cuidado no remunerado y es probable que esto aumente en el contexto de la epidemia, haciendo que las mujeres sean aún más vulnerables al agotamiento y la mala salud. De hecho, los costos indirectos de la mala salud en los hogares a menudo son mayores cuando las mujeres se enferman, dado el papel de las mujeres como cuidadoras principales dentro del hogar.
En el contexto de esta epidemia esto es un motivo de preocupación que debe ser abordado, ya que los costos indirectos son más severos para los hogares de bajos ingresos.
¿Cómo abordar estas crisis múltiples?
La epidemia de coronavirus muestra que es importante observar los determinantes sociales de la salud. Dada la fragilidad en América Latina, este es un tema central que hay que abordar, además del problema específico de la salud. La epidemia también muestra la crítica necesidad de tener sistemas de salud pública sólidos, con recursos financieros y humanos adecuados que permitan una respuesta eficiente y equitativa, y estados fuertes que protejan a la ciudadanía contra las múltiples crisis que enfrentarán luego que pase la epidemia.
Hacemos un llamado a las instituciones financieras internacionales para que jueguen un papel importante a favor de las personas en la respuesta a esta crisis que tendrá múltiples facetas.
En el corto y mediano plazo, deberán proporcionar préstamos blandos sin condicionalidades para que los sistemas de salud respondan adecuadamente a la crisis. Esto podría usarse de acuerdo con las necesidades de los países, incluso para contratar personal adicional, comprar pruebas y suministros de protección, pero también para mitigar el impacto económico del brote global y local.
También será importante poner fin a las políticas de austeridad y evitar el apoyo a soluciones basadas en el mercado para la atención de salud, ya que estas podrían aumentar las desigualdades existentes. La experiencia muestra que las APP son un negocio arriesgado y no deben ser priorizadas para financiar los servicios públicos.
En algunos casos, el alivio de la deuda será fundamental para ayudar a liberar los recursos de los países para la prevención y respuesta a las crisis. A largo plazo, el fortalecimiento de los sistemas de salud debe ser una prioridad para ayudar a los países a cumplir sus objetivos de cobertura universal de salud.
Esta es una situación de proporciones extraordinarias. Exige la acción de los líderes mundiales ahora.
Las autoras agradecen a Camila Gianella Malca, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, por sus valiosos comentarios e insumos en la redacción de estos artículos.
