Durante el 2018, el Gobierno, a través del Decreto Legislativo N°1421, estableció los plazos para la prescripción de las deudas tributarias. La norma permite el cobro de deudas que debieron haber prescrito el primero de enero del 2012 y el plazo de prescripción se computa a partir del día siguiente de la notificación de tales resoluciones. Con el establecimiento de esta normativa, el Estado Peruano deberá cobrar S/ 11 millones por concepto de deudas tributarias.
Al respecto, el parlamentario Fairlie sostuvo que “La recaudación fiscal del Perú ha presentado una tendencia decreciente, colocándonos en una posición aún lejana del promedio de la región latinoamericana, por lo cual resulta fundamental garantizar el cumplimiento del Decreto Legislativo 1421, ya que ello permitirá al Estado contar con los recursos necesarios para mejorar el nivel de vida de la población y acortar las brechas existentes de pobreza y desigualdad”.
La norma anterior establecía un periodo de cuatro años para que la SUNAT establezca tanto el monto de la deuda como el plazo para realizar el pago de la referida deuda. Es decir, que el plazo que la SUNAT tenía para cobrar la deuda era el mismo que también corría para la prescripción de la misma.
Sobre el particular, el parlamentario indicó: “Es necesarios fortalecer las capacidades de la SUNAT, en términos de capital humano, infraestructura administrativa y de tecnología de información, a fin de recolectar, procesar e intercambiar a tiempo la información sobre las deudas tributarias de las empresas”
Al respecto, hay diferentes posturas: por su parte, el sector empresarial argumenta que afecta la seguridad jurídica, puesto que cambian las reglas del juego en cuanto a los plazos establecidos para la prescripción de las deudas. Por su parte, el ejecutivo a través del Ministerio de Economía, sostiene que la normativa se dé en el marco que la delegación de facultades que fuera concedida al Ejecutivo en el 2018. Asimismo, sostuvo que de derogarse la norma, la SUNAT estaría dejando de cobrar el equivalente a tres años de fiscalización. El debate sobre mantener o modificar la DL 1421 será resuelto en las próximas tres semanas en el grupo de control constitucional de los decretos legislativos del Congreso de la República.
Finalmente, el parlamentario precisó que “no debemos dejar que estas deudas prescriban, siendo necesario que se respete los cambios establecidos en la normativa tributaria, al igual que combatir la elusión y la evasión fiscal. Se necesita voluntad política que se debe reflejar en una estrecha colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo. Es clave fortalecer a la SUNAT en este proceso”.
