Los acuerdos de Argentina con el FMI son preocupantes, para la población argentina y para los demás países de la región
Argentina había logrado resolver, de manera parcial pero gracias a una fuerte decisión política, el problema de su deuda externa durante la década que va del 2005 a 2015. Las renegociaciones de deuda durante ese periodo fueron exitosas ya que más del 92% de los acreedores aceptaron el canje de deuda ofrecido por el entonces gobierno Kirchnerista durante los años 2005 y 2010. Quienes no ingresaron al canje, muchos de ellos bautizados como “Fondos buitre” comenzaron un raid por diferentes espacios del mundo financiero buscando cobrar el 100% de una deuda que habían adquirido a precio vil. Esta operatoria de captar bonos de deuda en default a muy bajo precio y luego exigir, mediante presiones, el pago total, es la marca registrada de estos operadores de los mercados financieros globales.
Argentina los enfrentó mediante la aprobación en la ONU de nueve principios impulsados por el país, y consensuados por el Grupo de los 77 + China, para la restructuración de la deuda de los países. Con avances relativos, la propuesta cayó, producto de cambios políticos en la región y en los países emergentes de otras latitudes. El apoyo de los países del mundo para lograr un mecanismo de resolución de deuda justo en las Naciones Unidas no tuvo el impacto político suficiente para lograr objetivos claves.
Con la victoria en las elecciones de 2015 de la coalición “Cambiemos”, que depositó a Mauricio Macri en la Casa Rosada, comenzó nuevamente con un ciclo de deuda acelerado, para muchos analistas, el tercer gran ciclo de endeudamiento argentino, con grandes emisiones de bonos soberanos, que incluyen un bono -nada menos- que a cien años y con un acuerdo sin precedentes con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener recursos no sólo para cerrar la Balanza de Pagos, sino también para apoyo presupuestario.
Esta crisis, a la cual el actual gobierno argentino refiere permanentemente para justificar el creciente endeudamiento es, para muchos analistas, una crisis “autoinflingida”. El acuerdo con los Fondos Buitre, como condición de acceso a los mercados de crédito, la apertura irrestricta de las importaciones, la desregulación del mercado de capitales permitiendo el ingreso y salida de capitales del tipo “golondrina”, prefiguraron un escenario en donde se estableció “la vuelta al mundo”, la vuelta a las políticas de ajuste del gasto público del FMI.
La deuda es sólo un elemento sintomático de la situación económica de un país, puesto que responde a efectos que la economía y sus problemas estructurales generan, como son el crecimiento económico, niveles de inversión, situación fiscal y financiera, y los niveles de pobreza y desigualdad. Por lo tanto, la solución para la situación de Argentina a través de mayor deuda, puede ser un paliativo de corto plazo en caso de estar ese endeudamiento bien administrado, pero se podrían agravar los problemas de fondo si no se abordan cambios estructurales como debatir sobre el financiamiento genuino proveniente de impuestos a las grandes empresas y a las grandes fortunas.
Después de que los países de la región de América Latina habían dejado atrás los acuerdos con el FMI, ahora esta institución retorna nuevamente y con uno de sus más grandes acuerdos, $us 50.000 millones acordados con Argentina en Junio de 2018 y $us 7.000 millones adicionales acordados en septiembre del mismo año.
El hecho de necesitar un incremento en este acuerdo de tres años, a tan solo tres meses de haberse logrado el primero, es una muestra de los riesgos de optar por este camino. Si bien el FMI no está exigiendo una reforma tributaria para incrementar los ingresos fiscales, los recortes por el lado del gasto siguen prácticamente la misma receta con los resultados ya evidenciados como en el caso de Grecia. Estos involucran reducción de las transferencias discrecionales a las provincias, reforma de pensiones, reducción de subsidios a la energía y el transporte, racionalización del empleo público y reducción de las transferencias asociadas con el déficit operativo de las empresas, entre otras. Aunque existe el compromiso de no afectar a la población más vulnerable, garantizando una protección del gasto social, es muy difícil lograr tal propósito con este tipo de medidas.
Para ayudar a Argentina, el FMI debería impulsar otras políticas, como propiciar mecanismos de renegociación de la deuda justos, oportunos y transparentes; y promover la eliminación de la fuga de capitales que trepó a USD 70.070 millones durante la presidencia de Mauricio Macri, casi el mismo monto de la deuda ya contraída por el gobierno actual.
Este es un tema de preocupación y de interés regional por tratarse de una de las economías más grandes de América Latina, y en un contexto donde no existen instancias regionales que puedan apoyar a una salida que no involucre un alto costo social y un impacto en las demás economías.
