Por segundo día consecutivo este martes 11 de setiembre Costa Rica paralizó sus actividades en una huelga indefinida que exige al gobierno de ese país la anulación de la reforma tributaria que pretende poner en marcha, y que diversos sectores sociales, sindicatos, gremios laborales y universidades consideran lesivo a la población y que impondría un sistema tributario regresivo, es decir, que pagarían más los que menos tienen.
De acuerdo a información de sectores progresistas en Costa Rica, son decenas miles de trabajadores quienes acatan la paralización en rechazo a las medidas tributarias que, según denuncian, solo beneficiarían a las grandes empresas, pues la mayor carga de recaudación tributaria sería trasladada a la clase trabajadora.
Al respecto, Jorge Coronado, miembro de la organización costarricense Comisión Nacional de Enlace de Costa Rica (integrante de la Plataforma por Justicia Económica y Social – Latindadd y de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe), señaló que tanto los gremios como sindicatos laborales, así como los estudiantes y la población en general rechazan la propuesta que comprende el Proyecto de Ley 20580, que busca crear una reforma tributaria donde sólo serían beneficiados los grandes empresarios y los grupos corporativos.
“Lo que sucede es que el gobierno quiere poner en marcha una reforma donde quien más pague será el trabajador. Y han dado una amnistía a los grandes contribuyentes y a las empresas para que no se vean afectados en los cambios del pago a la renta”, expresó el experto en temas de justicia fiscal.
Coronado precisó que tanto los sindicatos como distintos gremios han planteado al gobierno la creación de una mesa de diálogo donde se debata y se haga un consenso sobre los puntos que deben modificarse en materia tributaria en Costa Rica, pero hasta la fecha este pedido no ha tenido respuesta oficial.
Gobierno de Costa Rica no enfrenta verdadero problema
Las medidas que el gobierno de Carlos Alvarado Quesada quiere introducir en tema fiscal y tributario tienen el argumento de aumentar la recaudación para superar el déficit fiscal. Sin embargo, según explica Jorge Coronado este problema se puede enfrentar luchando contra lo que llama el principal problema de Costa Rica: el fraude fiscal corporativo. Es decir, el dinero que las grandes empresas que operan en este país no pagan por mecanismos de evasión y elusión tributaria.
El movimiento sindical y social ha presentado propuestas en relación a este problema, sin embargo, sobre esto el proyecto de ley no lo contempla, dejando en la impunidad a estos delitos tributarios. “Hemos planteado que se desarrolle, por ejemplo, la facturación electrónica para combatir la evasión en IVA, está empezando, pero hay que fortalecer. Principalmente la evasión en renta implica mejorar la capacidad administrativa de la administración tributaria”, resaltó Coronado.
También mencionó que la propuesta que los sindicatos y gremios han dado para aumentar la recaudación contempla puntos como levantar el secreto bancario; reformar la ley orgánica del Banco Central de para la supervisión consolidada de los grupos financieros; regulación de los precios de transferencia; medidas contra las transacciones a paraísos fiscales; establecer una clausula antielusiva general al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, entre otros puntos más, que servirían para enfrentar el fraude tributario de las grandes empresas.
¿Qué rechaza la población de Costa Rica?
Son cuatro los principales puntos de rechazo que tiene la población contra la reforma que busca poner en marcha el proyecto 20580:
1. Quieren modificar el Impuesto a las Ventas del 13% y convertirlo en impuesto al valor agregado con la misma tasa, lo que traería el encarecimiento de los productos de primera necesidad y además gravaría también a los servicios. “Esto incide de forma directa sobre los sectores medios y populares, pues inmediatamente se ponga en marcha esta medida, se generará un alza de precios de los productos de la canasta básica familiar. Además, esto también va a gravar la educación universitaria y la va a encarecer”.
2. Buscan crear nuevas tasas impositivas para gravar el sueldo de los trabajadores profesionales del sector público, actualmente pagan hasta 15%, pero con la reforma impondrían tasas de 20% y hasta 25% sobre sus sueldos. “Esto solo va a reducir la capacidad adquisitiva de los empleados públicos, a lo que hay que considerar que también habría un alza de precios”.
3. La medida que impulsa el gobierno busca precarizar la calidad de los empleos públicos, pues eliminaría derechos laborales conquistados con distintas convenciones colectivas. “Quieren eliminar los derechos a cesantía, los complementos salariales, quieren reducir y eliminar toda conquista que los gremios y sindicatos han conseguido para los trabajadores. Modifican todo el sistema laboral público.”
4. Quieren imponer una draconiana regla fiscal vinculada al nivel de deuda en relación al PIB. “Esto significaría una fuerte erosión en el financiamiento de política pública e inversión social. Es una medida fiscal similar a la que Temer hizo en Brasil.”
Texto elaborado por @omarolivares_pe
