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Evasión tributaria en Latinoamérica vulnera derechos de las mujeres

“Cuando (el Estado) te dice que no hay plata, no se debe a que no haya dinero en sí, sino porque la estructura fiscal no permite una adecuada recaudación de impuestos debido a los vacíos regulatorios”, enfatiza Susana Osorio, economista especializada en justicia fiscal con enfoque de género, quien se refiere a la falta de recursos económicos para invertir en servicios públicos en favor de los derechos de la mujer. Esta realidad no es exclusiva del Perú, sino que está presente a lo largo de los países que conforman América Latina.

La fórmula que perpetúa en el marco económico la desigualdad de género es infalible. Mientras los que más ganan no paguen los impuestos, habrá menos dinero para invertir en derechos humanos como la educación, la salud, la seguridad laboral, entre otros, lo que incrementa la desigualdad social.

Las mujeres son una parte de la población latinoamericana que se lleva la peor parte dentro de esta ecuación económica. Dicha afectación diferenciada es estudiada por la conocida Economía del Cuidado. Su estudio tiene como objetivo, según la web oficial de la Organización Internacional del Trabajo, el hallar soluciones a la prestación de cuidados que es esencial para que las mujeres gocen de igualdad de oportunidades en el mundo del trabajo.

“Con Economía del Cuidado nos referimos a aquellas actividades que realizan las mujeres por el mandato social y los roles que se nos han asignado en la historia. No es una relación contractual, pero produce bienes y servicios”, explica para este reportaje Osorio. En el siguiente video de la OIT se explica con mayor detalle qué es la Economía del Cuidado.

Entre las actividades que pueden considerarse dentro de la Economía del Cuidado están el cuidado de los niños, de los adultos mayores, el aseo del hogar, entre otras. Además, complementa la economista, dichos trabajos no reconocidos disminuyen la actividad productiva de la mujer en un “trabajo formal”.

“Al levantarse temprano y por la sobredesignación de tareas se incrementa el cansancio en la mujer lo que disminuye su productividad ya que en muchos casos aparte de la responsabilidad familiar, está la laboral. La mujer no se cansa por un tema biológico, sino por la sobrecarga de tareas”, manifiesta Osorio.

Con una mejor recaudación de los impuestos se lograría tener cantidad suficiente de dinero para invertir en la cobertura y la mejora de calidad en los servicios públicos de cuidado como guarderías para menores o centros para los adultos mayores, asegura la economista. Sin embargo, la esperanza de una justicia fiscal que asegure el cumplimiento de los derechos de la mujer está muy lejos de ser una realidad.

Las cifras apoyan las conclusiones de la economista. En todo América Latina se pierden hasta US$1.1 mil millones mediante diferentes mecanismos que utilizan las empresas multinacionales para no pagar impuestos, según la especialista.

Solo para tener una idea de lo poco que representa la carga tributaria en América Latina, según la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd), en Centroamérica y El Caribe lo que se recoge en impuestos representa entre 12% al 14% del PBI; en la región Andina (Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela) es entre el 14% al 16%; en el Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile y Uruguay) es entre 20% a 30%, la única excepción es Paraguay que tiene un aproximado de 13% de carga tributaria.

“Si bien los porcentajes varían por digamos el tamaño de las economías de cada país, los problemas fiscales sí son iguales para todos”, afirma Jorge Coronado, miembro del Consejo de Coordinación de Latindadd.

“El círculo fiscal del despojo”

A todas las estrategias ilegales y legales que utilizan las empresas multinacionales para no pagar impuestos se les conoce como el “círculo fiscal del despojo”. En entrevista para este reportaje, Coronado, quien es de nacionalidad costarricense, señala que son tres grandes mecanismos los que utilizan las empresas multinacionales para no pagar sus impuestos: la evasión fiscal, la elusión fiscal y los privilegios y exoneraciones fiscales.

La evasión fiscal es un mecanismo ilegal mediante el cual una empresa evade los impuestos al valor agregado o a la renta. Es un delito y la pérdida de dinero a través de la evasión en toda Latinoamérica representa hasta 6.4% del PBI regional, equivalente a US$340 mil millones, según Coronado, quien también forma parte de la Junta Directiva de la Alianza Global por la Justicia Fiscal, colectivo de la sociedad civil latinoamericana que promueve la transparencia y la mejor redistribución de la riqueza en el planeta.

Por su parte, Osorio señala que inflar los costos de la rentabilidad de una compañía para así declarar menos ganancias y pagar menos impuestos es un caso de evasión fiscal.

La elusión fiscal tiene una estrecha relación con los flujos financieros ilícitos, detalla el especialista de Latindadd. En pocas palabras, este engaño fiscal consiste en trasladar las ganancias de las empresas (rentas) de sus países de origen (donde tienen una mayor presión tributaria) a países con carga tributaria menor o casi nula, por ejemplo, los famosos paraísos fiscales.

Investigaciones periodísticas de la talla de los Panama Papers o los Paradise Papers ya han dado cuenta de la gravedad de estas argucias financieras. Según información de Latindadd, hasta el momento más de US$115 mil millones se han movilizado mediante este tipo de elusión en importaciones y exportaciones.

La economista Susana Osorio señala que la elusión fiscal no está penada porque aprovecha los vacíos legales financieros. Los abogados aquí tienen un papel resaltante. La utilización de representantes legales sobre representantes legales para encubrir el origen de ganancias irregulares y así no pagar impuestos es una historia común.

Además, no solo las empresas se valen de esta estrategias a manera de una enorme cebolla en donde se debe ir descubriendo capa por capa jurídica para llegar al origen, sino también que también mienten sobre su naturaleza empresarial. Es decir, mientras que en la realidad funciona como una compañía gigante, legalmente se parte en numerosas pequeñas empresas para declarar impuestos menores, declara Osorio.

El tercer gran mecanismo que utilizan las compañías son los privilegios y exoneraciones fiscales que reducen hasta en 3 a 4% el PBI de la región latinoamericana. En Perú las conocemos muy bien ya que a las multinacionales, en especial las que se dedican al rubro extractivo como las mineras, han recibido bastantes beneficios de esta categoría. Así lo demuestra la investigación de Convoca.pe en su especial “Ilusión fiscal”.

El caso peruano

Los “beneficios fiscales” no solo provienen de las mismas multinacionales, sino por accionar del mismo Estado. Así lo comprueba el libro “Juego de Poder. Política tributaria y lobby en el Perú, 2011-2017”, del investigador especializado en grupos de poder económico y captura del Estado, Francisco Durand.

En la investigación académica se concluye que se dieron varias normas, por presión de los grandes intereses económicos, que “cambian el sistema de impuestos (tipos y tasas) y la administración tributaria (funciones de fiscalización, capacidad de recaudación) en dos gobiernos: durante la segunda mitad del Gobierno de Humala y los inicios del Gobierno de Kuczynski”, se cita.

Toda esta serie de mecanismos que utilizan las multinacionales, además de un débil cuerpo estatal, dice Susana Osorio, se desarrolla porque el Perú tiene una estructura fiscal regresiva. El juego fiscal es así, lo que entra al tesoro nacional (ingresos) es menor que lo que egresa mediante la inversión de proyectos de inversión y los bienes y servicios para los ciudadanos. “Todo ello afecta la capacidad de gasto público del Estado. El proceso debe ser inverso, debe haber una estructura fiscal progresiva donde paguen más los que más tienen para que haya mejor redistribución de la riqueza”, anota Osorio.

Las cifras no mienten. Menos del 0.5% del presupuesto nacional es otorgado al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), recuerda Osorio. Según un estudio de DEMUS (Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer), en donde se analiza el ratio (proporción) del presupuesto asignado del Gobierno Central hacia el MIMP se observa una clara reducción entre el 2009 (2.32) al 2013 (solo 0.43).

A esto agregamos los datos alarmantes que reflejan la situación de los derechos de la mujer en el país. De acuerdo con el informe de Brechas de Género 2017 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 75% de las mujeres trabaja en el sector informal; además según la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo 2010 del MIMP e INEI, se comprobó que las mujeres trabajan más de un día más que el hombre (25 horas para ser exactos).

En la misma encuesta también se puede observar la diferencia en horas y minutos entre la actividad remunerada menor para las mujeres en comparación a la de los hombres, y la sobrecarga de actividad doméstica no remunerada para las mujeres. Así lo demuestra la siguiente tabla oficial.

Ante el escenario fiscal que no favorece para nada a los derechos de la mujer, la economista Osorio señala que las medidas más urgentes que deben ejecutarse es la revisión de las exoneraciones tributarias a las multinacionales. “No se debe priorizar los beneficios de la empresa sino del ciudadano”, sostiene.

El control fiscal no solo es un tema nacional, sino regional, debido a que como ya se explicó en párrafos anteriores, los flujos financieros ilícitos viajan por diferentes territorios alrededor del mundo. Por eso, dice Osorio, se debe establecer una gobernanza financiera regional para reglamentas dichos flujos.

En tanto,  Coronado agrega que debe haber un auténtico debate intergubernamental para un tratado vinculante que controle este tipo de flujos. “Queremos que se desarrolle en Naciones Unidas porque ahí cada país tiene un voto. No es como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o el G20 donde sí se discute pero es un grupo más cerrado”, declara.

El costo social de la injusticia fiscal no es ajeno al género, finaliza Osorio, “cuando hablamos de las empresas extractivas y sus privilegios fiscales, es inevitable el tema de la contaminación ambiental que también impacta en actividades relacionadas a la mujer como el agua, la seguridad alimentaria, la salud sexual, el cuidado familiar”.

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