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La transparencia a medias no sirve

La transparencia a medias no sirve

Se publicó el pasado domingo la última filtración, conocida como los Documentos de Panamá, que nos permitió dar una inusual ojeada al sistema financiero extraterritorial (offshore), tan fuertemente guardado en secreto. Pero en la Unión Europea (UE) se ha desarrollado durante meses un debate sobre la transparencia financiera.

La Comisión Europea ha estado elaborando un nuevo conjunto de normas que exigirían a las empresas multinacionales informar dónde tienen actividades y como contribuyen con la hacienda pública. La Comisión promovió esta nueva idea con el nombre de informes país por país (CBCR, por su sigla en inglés), algo que los banco europeos ya deben hacer.

Involucrar al resto de la industria podría ser el comienzo de una nueva era en la que las empresas multinacionales (EMN) que operan en todos los sectores de la economía fueran realmente transparentes sobre qué impuestos pagan y hacia dónde transfieren sus ganancias.

O no.

Los funcionarios de la Comisión fueron cuidadosos en no adelantar demasiados detalles sobre la nueva propuesta, con la esperanza de tener todo bien guardado hasta su lanzamiento, el 12 de abril. Sin embargo, esas esperanzas se vieron frustradas cuando Politico y otros medios de comunicaciones obtuvieron una copia de la propuesta, el 21 de marzo. Luego de la filtración del borrador, el deseo de la Comisión de mantener la propuesta guardada no tiene mayor sentido.

Increíblemente, el borrador no exige que las EMN realmente informen sobre todos los países en los que operan. En su lugar, solo se les exigiría que publiquen informes país por país para los 28 estados miembros de la UE. La información sobre sus operaciones en el resto del mundo aún se haría de forma agregada, sumada en un paquete gigante.

Normalmente, la Comisión se niega a hacer comentarios oficiales sobre documentos filtrados, pero se han citado fuentes anónimas de la Comisión en varios artículos de prensa recientes que permiten dar un vistazo a los que se piensa en sus corredores. Sin embargo, en lugar de una postura firme, sus argumentos parecen cambiar con cada nueva historia, lo que nos obliga a  estar continuamente suponiendo por qué realmente se oponen a los informes país por país en todo el mundo.

Político discutió la propuesta (por sistema de suscripción) y citó fuentes de la Comisión que dijeron:

“No era posible en él [el borrador de la propuesta] imponer una exigencia de informes como esa a empresas que operan en países externos a la UE”.

Los funcionarios de la Comisión repitieron este argumento a los largo del día en el Financial Times (por suscripción):

“Llevar más lejos los planes hubiera metido a la Comisión en un campo minado legal”.

Tal como menciona Richard Murphy en su blog, esto debió haber sido examinado a la luz del trabajo sobre el Plan de Acción sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS, por su sigla en inglés), formulado por la OCDE y ratificado por el G20 el año pasado. Ese plan incluye una propuesta para informes país por país que sea confidencial, lo que significa que la información se comparta solamente con las autoridades tributarias.

Estados Unidos aún debe adoptar formalmente el plan, cuando lo haga, debe tomarse en cuenta que tomarán cualquier intento de hacer pública la información como una violación del acuerdo y, por consiguiente, dejarán de compartir información con las autoridades tributarias estadounidenses en su conjunto.

Sin embargo, este argumento va más allá de la posibilidad y exige a las sucursales de las EMN que presenten la información pertinente en el caso de que sus casas centrales no lo hagan o el país cede no sea colaborador. El llamado ‘mecanismo secundario de presentación’ podría ser una opción para que la UE escape del laberinto en el que parece haberse metido sola.

En última instancia, lo que parece estar en juego es la capacidad de regular a actores económicos que están activos en la UE. La UE ya exige que las instituciones financieras publiquen CBCR mundiales y ningún banco ha desafiado jamás esa exigencia legalmente. Las empresas extractivas y madereras también publican información detallada sobre los impuestos y otros pagos que realizan a los gobiernos en todo el mundo. Ambos regímenes de informes preceden al Plan de Acción sobre BEPS y presumiblemente coexistirán cuando aparezca algún régimen confidencial.

Teniendo en cuenta esto, no debería sorprender que las fuentes anónimas de la Comisión no mencionaran ninguna objeción legal al ser citadas hace unos días (el 23 de marzo) en el documento de The Guardian:

“La razón por la que las multinacionales no deberán descomponer sus beneficios en los países exteriores a la UE es no poner en desventaja comparativa a las empresas europeas frente a las de otras regiones, como China y Estados Unidos”.

Esta vez, la verdadera preocupación parece ser la competitividad de las empresas europeas. Sin embargo, como la propuesta filtrada solo pide informes en la zona de la UE, haría exactamente lo que los funcionarios temen: poner a las empresas europeas en desventaja en comparación con las otras EMN, que no tienen la obligación de informar. Al no enfrentar el mismo nivel de escrutinio público, las EMN cuyas operaciones principales están en China o Estados Unidos, por ejemplo, no tendrán el incentivo para dejar de utilizar sistemas de elusión fiscal.

Y no olvidemos que también se socava la competitividad gracias a los diferentes conjuntos de normas que conciernen a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y a sus competidores multinacionales. Los CBCR públicos ayudarían a emparejar las condiciones, ya que expondrían las rutas de escape fiscal que hoy tienen a su disposición las EMN, que no están disponibles para las pequeñas empresas que operan en una sola jurisdicción.

Finalmente, hay algunas claves en el borrador de la propuesta sobre por qué la Comisión parece estar indecisa entre argumentos variados.  En un memorando adjunto, la Comisión declara que “el riesgo de generar otros conflictos tributarios y doble tributación con un CBCR que cualquier autoridad tributaria pueda usar libremente será limitado ya que la información tributaria se desagregará solo dentro de la UE”. Entonces, además de la competencia entre empresas, parece haber otro nivel de competencia que surge con los nuevos regímenes de transparencia, a saber, entre países o, más específicamente, la competencia exige ingresos.

Nos hacemos eco de una demanda que posiblemente escuchaste antes: Las EMN deben pagar su justa parte de impuestos. Lo que esto quiere decir realmente es que deben pagar la cantidad correcta, en el tiempo debido y en el lugar adecuado. Sin embargo, el memorando de la Comisión parece sugerir que si las EMN tuvieran que informar sobre sus actividades fuera de la UE las autoridades tributarias extranjeras reclamarían que las mismas EMN les deben, también a ellas,  más impuestos.

Esto es efectivamente probable, pero seamos claros, existe amplia evidencia de que algunas multinacionales están pagando cantidades ínfimas de impuestos tributarios empresariales, tanto en Europa como en otros sitios. La sociedad civil, el FMI y la OCDE han estimado que los países pierden cientos de miles de millones de dólares de ingresos gracias al traslado de beneficios empresariales. Y a menudo son los países en desarrollo los que más pierden en relación con el tamaño de sus economías. Por lo que todo sugiere que una mayor transparencia conducirá a un juego sin ganadores entre los países europeos y las autoridades tributarias de terceros países. Tal como la Comisión parece estar haciéndolo es poco aconsejable. No se trata de cómo se divide la torta para dar un trozo mayor a quienes están fuera de Europa, sino de que probablemente crezca, lo que dejará una tajada mayor para todos.

En este sentido, la retención de información de las autoridades tributarias de los países en desarrollo parece realmente bastante siniestra. El años pasado los líderes del mundo acordaron un conjunto de nuevas metas de desarrollo y aumentar los recursos domésticos es una foco clave para los gobiernos de los países en desarrollo. Solo el poder ver cuántos ingresos pierden esos países de ganancias generadas en sus territorios podría tener una importancia mayúscula en la búsqueda de ingresos sostenibles. Los gobiernos de la UE tiene un largo compromiso con políticas que vayan en línea con los esfuerzos internacionales de desarrollo y que realmente no sean contraproducentes. Sin embargo, la última propuesta de la Comisión parece ir en la dirección opuesta.

Teniendo todo esto en mente, es realmente difícil encontrar una razón legítima para mantener esta información lejos de las manos de los gobiernos de los países en desarrollo. Si la UE espera en serio frenar las prácticas dañinas del traslado de beneficios, el único remedio al problema es la divulgación pública completa de la información a nivel nacional.

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