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Carta: Alianza Global por la Justicia Fiscal cuestiona proceso BEPS

Carta: Alianza Global por la Justicia Fiscal cuestiona proceso BEPS

Los ajustes de la OCDE a las normas fiscales internacionales no están a la altura de las necesidades de transparencia e inclusividad

La creación de un organismo intergubernamental de tributación y la inclusión del reporte país por país público sobre las actividades de las transnacionales son necesidades urgentes

La Alianza Global para la Justicia Fiscal hace un llamado a que se realice en el seno de Naciones Unidas un proceso de seguimiento al “defectuoso” proyecto de la OCDE sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios, para lograr un sistema global de recaudación tributaria de las empresas transnacionales que sea verdaderamente eficaz y transparente.

La Organización para el Desarrollo Económico y la Cooperación (OCDE) afirma que ahora ya están diseñados los cambios necesarios a las reglas de tributación internacional para gravar las actividades de las empresas transnacionales (ETN). En 2013, los líderes del G20 encargaron a la OCDE el proyecto sobre La Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS por sus siglas en inglés) para producir reformas en las reglas internacionales de tributación que aseguren que las ETN paguen impuestos “donde se desarrollan las actividades económicas y donde el valor es creado” y que los países en desarrollo también se beneficien de esos ingresos. Los miembros de la Alianza Global para la Justicia Fiscal temen que bajo las nuevas pautas (a publicar el 5 de Octubre de 2015), estos objetivos no sean alcanzables.

“Estas políticas BEPS se quedan cortas a la hora de brindar transparencia o asegurar que las ETN pagarán los impuestos que deben en los países en los cuales tienen actividad económica”, afirma el presidente de la Alianza Global para la Justicia Fiscal, Dereje Alemayehu.

Las grandes transnacionales tendrán que reportar los impuestos que pagan en cada lugar en el que operan, pero esta información no será pública y solamente podrá ser reportada a las administraciones tributarias de su país de origen. “Excluidos del intercambio de información, muchos países en desarrollo ni siquiera llegarán a beneficiarse de los magros avances que provee el proyecto BEPS”, añade Alemayehu. “Además, estás políticas no impedirán que ocurran en el futuro otros casos tal como el de los LuxLeaks, como resultado de una práctica tributaria perjudicial y de tratados decididos a puertas cerradas. Los problemas provocados por la competencia tributaria a la baja seguirán dañando tanto a países en desarrollo como a países desarrollados”.

“El resultado es un enfoque de “parche”“, añade, “en vez de la reforma integral que se tenía que hacer desde mucho tiempo, del sistema fiscal internacional y de las reglas globales de tributación que tienen ya 80 años. Son necesarias soluciones alternativas, decididas por todos los países. Tenemos que actuar con la realidad económica del siglo 21: todos los países, no solamente los miembros del G20 deben tener un asiento en la mesa para decidir las políticas internacionales de tributación empresarial. Esto requiere del establecimiento de un organismo intergubernamental de tributación en el seno de Naciones Unidas, que es la única institución internacional global legitima, a pesar de sus debilidades.”

Durante la reciente Tercera Conferencia sobre el Financiación del el Desarrollo (FpD3) en Etiopia, los países en desarrollo miembros del G20, tal como la India, y los miembros del G77 pidieron el establecimiento de un organismo intergubernamental de tributación que sea inclusivo. Los países líderes de la OCDE rechazaron la propuesta.

Tal y como el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz señaló recientemente en un evento de la Alianza Global, el trabajo de la OCDE en torno al proyecto BEPS “es un paso en la buena dirección, pero tenemos que tener claro que no es suficiente. El principio de plena competencia para impedir el abuso de precios de transferencia, el antiguo sistema… no se adecúa a las necesidades de un mundo globalizado. La OCDE está intentando arreglar un sistema que no puede ser arreglado.”

La Alianza Global para la Justicia Fiscal señala que la OCDE ha estado muy poco dispuesta a dejar atrás las complejas normas de precios de transferencia que se basan en el disfuncional “principio de plena competencia”. Las débiles propuestas sobre la limitación de deducciones de intereses, reglas sobre Compañías Foráneas Controladas o prácticas fiscales perjudiciales de los países, sólo alentarán la competencia fiscal a la baja.

La Alianza Global para la Justicia Fiscal, representando a redes regionales en África, Asia, Latinoamérica y el Caribe, Norte-América y Europa, ha publicado una crítica detallada a las propuestas de BEPS, y ha aprobado soluciones alternativas como las que también se encuentran en el C20 Policy Paper on International Taxation (Posicionamiento sobre tributación internacional del C20). También, el Grupo de Monitoreo y Evaluación BEPS provee un análisis importante.

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