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¿Remedio para un  problema billonario?

¿Remedio para un problema billonario?

Por Alvin Mosioma, Kenneth Okoth, Khanyisile Litchfield Tshabalala

África está sangrando
Pero no es una herida física, sino financiera; una que permite la fuga de dinero por los flujos ilícitos —transferidos, adquiridos o utilizados ilegalmente— en cantidad mayor de lo que se recibe por concepto de ayuda al desarrollo. Si bien el desangre ocurre en África y otras regiones en desarrollo, el esparadrapo que podría detener el sangrado está en manos de un pequeño grupo de países ricos.

El Panel de Alto Nivel sobre Flujos Financieros Ilícitos desde África, creado por la Comisión Económica para África y la Unión Africana, que lo preside el ex presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, en un reciente informe, estima que sólo el continente africano pierde aproximadamente $ 50 mil millones cada año, lo que representa un 20 por ciento más que el monto de la asistencia oficial para el desarrollo que ingresa.

Cuando un país necesita más dinero, sea para hospitales, carreteras o escuelas, una cosa está clara: los gobiernos podrían contar con un gran incremento de los ingresos y del crecimiento económico si se lograra poner fin a la salida de miles de millones a través de la evasión de impuestos, del traspaso de utilidades por parte de empresas multinacionales y de la malversación de fondos estatales.

Afortunadamente, estamos en un año clave para tomar medidas. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio están llegando a su vencimiento, y el mundo está discutiendo el marco “post-2015” para la lucha contra la pobreza en los próximos 15 años. Junto a este programa existe un debate acerca de cómo financiar la iniciativa.

La preservación del capital en los países en desarrollo —en lugar de exportarlo a paraísos fiscales o cuentas bancarias en los países ricos— nos permitiría tomar nuestras propias decisiones sobre cómo invertir en el futuro.

Este tema está en debate este mes en Naciones Unidas, en la Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo en Addis Abeba, Etiopía, del 13 al 16 de julio. Poner fin a los flujos financieros ilícitos y abrir la puerta para la transparencia financiera, deben estar en el centro de esta discusión.

Si bien el dinero se mueve casi sin cesar desde los países pobres a los ricos, ahora que está sonando la voz de alarma, los mismos países ricos se han encargado de definir las reglas acerca de cómo devolverlo.

Hasta ahora, la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE), grupo de países ricos, ha tomado el liderazgo en muchas de estas iniciativas. Los países en desarrollo se han visto marginados en la redacción dirigida desde París, y muchos están en riesgo de quedar fuera por completo. Cuando los países de bajos y medianos ingresos logran tener un puesto en la mesa, parece a menudo que se colocan nuestras sillas en las posiciones más distantes.

¿Realmente tiene sentido que un grupo de 34 países redacte normas que afectarán a un sistema financiero global, donde operan cientos de países?

Los negociadores deberían asegurarse de que el documento sobre Financiación para el Desarrollo contemple la creación de un organismo intergubernamental sobre impuestos, con sede en las Naciones Unidas. En lugar de un club de pocos, este cuerpo sería universal, para que los países de todo el mundo puedan contribuir con sus puntos de vista sobre cómo pudieran operar las nuevas normas.

Pero, ¿qué medidas podría adoptar un organismo incluyente sobre impuestos para poner fin a los flujos financieros ilícitos?

Uno de los mayores factores que contribuyen a los flujos financieros ilícitos es la falta de transparencia en el sistema financiero mundial. Hay compañías anónimas que permiten a los criminales y políticos corruptos mover su dinero sin que haya manera de rastrear quién es realmente el dueño de una empresa.

El año pasado, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos congeló casi US $ 500 millones de dinero malversado del ex líder nigeriano Sani Abacha, se utilizaron compañías anónimas en lugares como las Islas Vírgenes Británicas para ocultar la riqueza. La exigencia de un registro público de quién está detrás de las empresas podría ayudar a prevenir estas prácticas.

Mejorías en la presentación de informes por parte de las empresas multinacionales también ayudaría a gobiernos de países que son ricos en recursos pero escasos en ingresos a asegurarse de que las utilidades obtenidas en sus minas, tierras y fábricas no se desplacen fuera de sus fronteras.

Una investigación destacada de Ayuda en Acción, publicada en 2010, reveló que SAB Miller, una de las corporaciones más grandes de bebidas en el mundo, pagó menos impuestos en Ghana que una mujer que vendía cerveza en las afueras de su planta de producción. Poder visualizar los informes de utilidades e impuestos pagados a nivel de cada país ayudaría a prevenir el desplazamiento de ganancias a los países con bajos impuestos.

Por último, un estándar global para el intercambio de información financiera entre los gobiernos permitiría a las autoridades localizar a las élites ricas que ocultan sus activos en paraísos fiscales bajo estrictas leyes de sigilo bancario.

Un organismo representativo encargado de los impuestos sería la única manera de garantizar que estas y otras soluciones prácticas se implementen, teniendo en cuenta tanto a los países ricos como a los pobres. Los efectos del sigilo financiero y los flujos ilícitos están perjudicando a los países del Sur global a un ritmo alarmantemente desproporcionado, por lo que es justo que tengamos voz sobre la manera de detener la hemorragia. (Traducción ALAI).

Este artículo fue publicado en la edición 506 de la revista América Latina en Movimiento de ALAI.

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