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“El sistema internacional tienen leyes muy limitadas para proteger a una nación”

“El sistema internacional tienen leyes muy limitadas para proteger a una nación”

El reconocido economista y tributarista Jorge Gaggero (*) analiza la denuncia de evasión fiscal que realizó la AFIP a partir de los datos aportados por el fisco francés. Conforman un total de 4.040 empresas y personas entre los que figuran empresarios, fundaciones, banqueros, políticos y jueces, entre otros. El papel de la Justicia argentina, y la imperiosa necesidad de establecer acuerdos regionales antievasión.

–¿Cómo analiza las grietas que abren casos como el de la reciente filtración de cuentas de argentinos en el HSBC de Suiza?
–El caso de Hervé Falcioni es el de una figura que, hasta hace muy poco tiempo, era generalmente denostada. Ahora, la figura del miembro normalmente relevante del sistema, de este sistema de fuga, de evasión, de opacidad global creo que empieza a ser mucho más respetada porque se repite el ejemplo en el que aparentemente las revelaciones tienen mayor entidad en volumen de valores y en cantidad de personas implicadas y, cada vez más, las administraciones tributarias tienden a facilitar, a obtener, y a procesar este tipo de información…

–¿Queda sólo en manos de estas personas acceder a este tipo de datos?
–No. No son las únicas, son las más espectaculares y las que están permitiendo vulnerar en una fracción menor del problema lo que aparecía como los bastiones invulnerables del sistema a nivel mundial, digamos, las cajas fuertes o los sistemas informáticos de la banca suiza, éste es el carácter simbólico que tiene este caso, pero no, hay muchas cosas que se pueden llegar a hacer en muchos planos… para ser sintético, en el plano nacional hay que revisar toda la gestión tributaria, toda la normativa y todas las acciones de los organismos que son indispensables a la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) para su buen cometido, IGJ (Inspección General de Justicia), registros de propiedad, etcétera, etcétera, hay que revisar todo como entidad y la gestión de toda esta parte de la administración pública y, especialmente, la tributaria para cerrar las zonas grises, las omisiones, la cantidad de problemas que están facilitando la fuga, que están haciéndola fácil, no son pocos los temas a hacer para tapar grietas de nuestra legislación y de la gestión. La maniobra primera acerca del rol de esta gente que, desde una visión elemental, más allá de las distintas finalidades personales que también intervienen y que puedan existir en el hecho, todas en alguna medida u otra, son atravesadas por una reacción moral y contra esa reacción moral, que claramente aparece con distintos pesos entre distintas figuras, se ha intentado opacarla desde la visión simétricamente opuesta de cómo se le puede creer a un traidor, un soplón, un estafador, cuando la figura ha sido acusada, que en algunos casos existe, por la institución AFIP. Me ha pasado en exposiciones públicas por mi trabajo, que cuando en la ronda de preguntas alguien, y no son pocos los que recurren a este tipo de impugnaciones (y llama la atención que han ocurrido reacciones de este tipo de personas conocedoras, economistas, incluso adherentes en los lineamientos generales a las políticas que este gobierno impulsa), planteo el error de esa visión, y la necesidad de valorar positivamente esa acción porque, por el momento, y vamos al núcleo de la cuestión, el sistema internacional tal como funciona, las leyes locales son muy limitadas para proteger los intereses de esa nación y la simultánea ausencia de ese global de normas que pongan algún límite a todo esto, y en su lugar ponen en fuerte valor a estas figuras que son casi las únicas que pueden permear el sistema, filtrarlo.

–Respecto de quienes pretenden ignorar este tipo de denuncias, el hecho de que sea un país como Francia el que proveyó este tipo de datos les dificulta la tarea de impugnarlos…
–El gobierno francés tiene todos los archivos, lo supo el gobierno argentino y se movió rápidamente, hasta donde yo sé, y me parece que aprovechó bien la coyuntura especialmente favorable que supuso que Argentina arreglara el tema con el Club de París, lo que digamos me parece terminó de definir la disposición del gobierno francés a entregar esa parte de la información. Ahora, la información en sí, voluminosa, no tiene precedente en Argentina, son 4.040 casos; por el momento habría en el orden de los 40 casos que podrían explicarse, según lo que ha trascendido, que podrían estar en regla casi totalmente o totalmente; algunos surgen, evidentemente, cuando uno lee la lista que se conoce, alguna fundación que, claramente, por su objeto que no es de lucro, difícilmente pudiera estar en negro; entonces, hay algunos de esos casos, pero esos casos alcanzan al 1%…

–En el caso puntual de esta denuncia, ¿hasta donde se podría avanzar en dilucidar lo que son delitos de evasión?
–Bueno, eso es muy difícil de estimarlo por anticipado, por varias razones; hay cuestiones legales complejas implicadas que han empezado a pelearse en la Justicia argentina. Una de las cuestiones es la cuestión elemental de los procesos administrativos que deberían perfeccionarse antes de ingresar formalmente en la Justicia para que sean considerados. Y ahí, lo primero que aparece no es bueno en términos de este pronóstico que vos me pedís; no es bueno porque aparece una jueza que se excusa, cuestión que se intenta cuestionar ante el nivel superior con un argumento que, según la AFIP, es muy débil; otro juez al que le tocaría el caso que no es un juez que se lleve bien con este tipo de causas, al que al menos la AFIP califica como, no sé qué adjetivo usar, pero pongámosle remiso, que lo primero que hace, según nos trascendió la prensa, es pedir que no le bajen los papeles con las copias de todo lo que es necesario para iniciar la acción de la camioneta que la AFIP manda, que los paquetitos pesan 3.500 kilos y el hombre, primera cuestión insólita para ejemplificar los problemas que supone la Justicia argentina, el primer argumento, trascendido días atrás también, es que no tiene espacio en el juzgado; ahora, dados los intereses económicos implicados, los dólares en este conflicto, suena insólito que un juez diga que no tiene espacio en el juzgado porque alquilar cualquier facilidad adicional con el sólo hecho de depositar la documentación es algo de enorme sentido económico, si hay una identificación con los intereses nacionales. Después, hay alegaciones sobre una sustancia legal que no puedo opinar, que juzgo como economista y desde el sentido común, que se suman, que aparecen como muy extrañas. Se dice, además, que si bien la AFIP inició las acciones administrativas necesarias, la clave que es intimar y pedir información adicional a los contribuyentes supuestamente remisos, señala que no se cumplieron la serie adicional de cuestiones formales que la ley requiere al previo sometimiento de la documentación a la Justicia…

–El pedido de cumplimiento de procedimientos tornaría en casi inviable la investigación…
–Sí, sobre esta cuestión no puedo abrir el juicio pero sumado al argumento de la falta de espacio, despierta mucha suspicacia en los ciudadanos, porque si fuera así, que puedan ser alegadas esas razones como adicionales a rechazar la recepción de la documentación, directamente devolverla, no son cuestiones, me parece, para ser dilucidadas públicamente, porque lo que primero siembra este conjunto de circunstancias es una duda acerca de la eficacia de la Justicia para hacer frente a este tipo de casos. Entonces, como primera impresión, el punto más negativo que veo en lo que se ha expuesto hasta aquí es este de la reacción primera de la justicia, que es consistente de problemas graves que vienen de lejos a propósito de los temas tributarios.

–¿Qué podría hacer la AFIP ante un planteo como el esgrimido por el juez?
–Bueno, si no considera legítimo los argumentos del juez en el rechazo de los papeles, mientras los objetan a algún nivel de la propia Justicia, rápidamente escanea la información del papel para no perder tiempo y satisface ese problema del espacio físico que aduce el juez, y, simultáneamente, acciona, dice públicamente, empatiza para que la opinión pública lo acompañe. Hay un montón de acciones, pero lo que no puede decir la AFIP es “hasta aquí llegué, ahora es problema de la Justicia”, porque no es así; porque además, simultáneamente, trascendió que si no se logra hacer caminar las causas antes de 120 días más 30, prescribe. Entonces, si esto es así, menos razón tiene la administración para decir “esto es así, hasta aquí llegué”, tiene 150 días…

–No solo sería evitar que prescriba sino que pierda visibilidad en términos de opinión pública.
–Así es, porque es un caso piloto, y porque si hay un problema en la justicia, digo, como yo lo vería como administrador y, por encima de la administración, como jefe político si lo fuera, si el problema con la administración es de este calibre hay que poner en claro ante la opinión pública todo para, si se pierde esta batalla, accionar en la reforma específica del sistema judicial, y en última instancia, si llegamos a ese convencimiento porque algunos piensan que hay que llegar a eso, diseñar un capítulo tributario para la próxima reforma constitucional.

–¿Cómo evalúa los programas y herramientas que dispone el país para hacer frente a este tipo de delitos?
–Hasta ahora, los programas antievasión que periódicamente, por ejemplo, impulsa la AFIP, no le han dado suficiente o relevante importancia a este aspecto que se llama técnicamente tributación internacional, que en realidad, el buen nombre debería ser la no tributación internacional porque las maniobras, en particular de las empresas multinacionales, es armar sistemas usando paraísos, operaciones ficticias, las bancas globales, etcétera, para terminar no tributando en ningún lado porque si no Barack Obama no se quejaría que el tributo efectivo medio de sus empresas operando en el exterior no supera el 8% cuando el nominal esta cinco veces arriba. Retomando: que yo sepa no hay iniciativa de la contundencia necesaria; o sea, el país en 1992 definió el criterio de renta mundial como el que se iba a rendir de ahí en más, referido a que ganancias y patrimonios debería ser tributado más por los residentes argentinos con carácter universal, es decir, no importa dónde fueran obtenidas esas rentas y dónde fueran acrecentadas esas propiedades. Ahora, la definición de eso abrió el problema de hacer efectiva esa situación global y se tardó seis años en reformar el impuesto a las ganancias para hacerlo consistente con esa decisión, recién en 1998 se hizo esa primera reforma a los impuestos a las Ganancias en ese sentido, han pasado 16 años, y completada, digamos, la normativa básica, es poco lo que se ha avanzado en estos dieciséis años.

–En los casos que se comprobara evasión, ¿cuán factible es que sea pasible de ser tributada?
–Bueno, si se supera esta amenaza de la prescripción y no hubiera posibilidades tampoco de ir por el lado del lavado que está sugiriendo a los medios José Sbatella (presidente de la Unidad de Información Financiera), la AFIP tiene chances de ir avanzando y cobrando por la asociación de vías, una está abierta a las intimaciones, la vía administrativa, ya sé de estudios tributarios importantes que están trabajando en la vía del advenimiento.

–¿Cómo es eso?
–Hay clientes importantes a los que les interesa salir de la lista, y en esos casos, si actúan bien, en algún período, que calculo eso no va a ser largo, se obtendría un reconocimiento de al menos una parte y una entrada en el sistema por la vía que fuera, y hasta se podría usar el blanqueo existente. En ese caso, de ahí en más, ese contribuyente está obligado, casi sustancialmente, a tributar sobre el patrimonio y las ganancias de ese activo blanqueado. Esta es la vía que más le gusta a la AFIP. Puede haber otros que no se apuren por esto, porque les interesa menos el crédito pero tampoco quieren comprarse un juicio, entonces van a caer en algún plazo intermedio para el blanqueo pero en menor medida. En el extremo van a estar los que van a pelear la legal hasta el final.

–¿Qué ocurre en el plano regional, en términos de acuerdos de cooperación con los países de la Unasur, por ejemplo?
–Bueno, hablé del plano nacional, pero efectivamente hay dos planos más muy relevantes, el regional, Unasur, al menos, para con Brasil sustancialmente (eso habría de ser generalizado), pero si Brasil y Argentina ingresan se terminan de plegar todos, de alinear las legislaciones y las administraciones y actuar más como Cono Sur en el ámbito internacional contra todo este sistema. Es decir, escudo protector, así como hay que construirlo en el plano nacional coordinando y armonizando legislaciones. Por ejemplo, la lista de paraísos fiscales en impuestos a las Ganancias en Brasil y Argentina no es la misma, es absurdo; no hay evidencias de que estemos yendo junto con Brasil en el G20 y en otros ámbitos, no hay una gimnasia tributaria que apunte a esto, al menos en la agenda de la integración del sur, y esto debería empujárselo. Y en el plano global, como en el regional, lo que implica operar en coordinación. La presidencia lo ha hecho con bastante contundencia, pero otra cosa es si se hiciera de manera conjunta y se operara coherentemente en todos los foros para empujar más rápido un cambio de esta cuestión que, a mi juicio, debería culminar directamente con la expulsión y eliminación de los paraísos.

–En esta discusión es habitual que se intente tratar el tema de la evasión de las grandes fortunas con la evasión de un vendedor de La Salada, poniendo todo en un mismo plano.
–Hay una todavía más burda que publicó La Nación esta semana, y en muchos otros medios, de colocar supuestos trabajos de nivel científico que no son sino productos de consultorías empresarias y no serias, por ejemplo, la Fundación Mediterránea Córdoba, el grupo de otro ex de esa Fundación que están dedicados a inventar cifras de presión tributarias absurdas, mucho más altas que la efectiva para dejar posicionados de que ésta es la razón…

–¿Como que no les quedara más remedio que evadir?
–Claro, pobre gente, están estacionados y bueno, las cosas que publican diarios como La Nación son indefendibles, en cambio, los trabajos serios, como los que hacemos con nuestro equipo, los de Cefid-AR, no tienen difusión. Retomando la lectura mas ideológica, lo que está ocurriendo hoy implica algún progreso respecto de la visión de lo que se instaló fuertemente en los ’90, que no tenía nada que ver con la realidad de entonces y menos ahora, basada en que la evasión era una cuestión de kioscos, pymes y cuentapropistas, pero que las grandes empresas, en particular las multinacionales, de ningún modo evadían en cantidades importantes porque tenían un código de conducta, unas prácticas, un cuidado de su activo o marca, etc., que los hacían distintos; esto fue sostenido por Carlos Tacchi (secretario de Ingresos Públicos en la década del noventa) y por los economistas neoliberales de esos años para no comenzar a actuar en la dirección que marcaba la definición del entonces ministro de Economía Domingo Cavallo de adoptar el criterio de renta mundial, que ni siquiera internamente tenía sentido poder el énfasis en las multinacionales y por eso se perseguía a kioscos y la AFIP aparecía en operativos mediáticos. Ahora, como los hechos son tan claros, en el sentido de que las multinacionales también evaden y evaden en mayor medida en términos de cantidades y jerarquías de cifras de interés para el fisco, entonces se los quiere meter a todos en el mismo cajón, cuando todo el esfuerzo debe ser aplicado en donde está el mayor potencial, que es en los grandes.

Presentación
En los primeros meses del 2015, Jorge Gaggero presentará el quinto estudio de la serie “La fuga de capitales en Argentina” del Cefid-AR, Bajo el título La fuga de capitales versus Argentina (2014). Los facilitadores y sus modos de acción, realizado por Magdalena Rúa. “Facilitadores” es la traducción de lo que en inglés se denomina enablers, vale decir la pléyade de bancos globales, estudios de abogados, consultoras-auditoras, “guaridas fiscales” y otros actores al servicio de lo que se suele denominar como industria offshore.

(*) Jorge Gaggero es miembro de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe

Fuente

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