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Repensando el financiamiento al desarrollo

Repensando el financiamiento al desarrollo

El informe Social Watch “Medios y Fines” fue lanzado el pasado 10 de julio en la sede de la ONU en Nueva York durante un evento paralelo del Foro de Cooperación para el Desarrollo. El evento permitió presentar algunos aspectos clave del informe y se abordaron cuestiones estratégicas del debate actual de la cooperación para el desarrollo, como el “apalancamiento” de la asistencia oficial al desarrollo (AOD) y su redefinición, el acceso corporativo a los fondos de la AOD y la arquitectura financiera global.

Al presentar el debate, Barbara Adams de Social Watch y del Global Policy Forum, dijo que las conversaciones actuales sobre “asociaciones” están cambiando el panorama de la cooperación para el desarrollo hacia uno de múltiples asociaciones libres, no transparentes, que no rinden cuentas, con empresas trasnacionales como actores principales.

Jeroen Kwakkenbos, investigador de Eurodad, explicó que mientras que la AOD es el flujo financiero más escudriñado y transparente, la idea de que estas características puedan ser transferidas a otros flujos es “ingenua”. El llamado “apalancamiento” de la AOD, el uso de fondos públicos para movilizar otros recursos para fines de desarrollo no tiene base empírica.

“Los países desarrollados están alentando al mismo tiempo a sus socios a dejar que los inversionistas especulativos entren y compren sus títulos y, al mismo tiempo, están diciendo que no se puede tener controles de capital”, explicó. Así que cuando estos fondos volátiles se retiren del país “habrán dejado una deuda, de la que tal vez se obtenga al final un poco de alivio de la deuda, pero que en su mayor parte será pagada por sus hijos y los hijos de sus hijos”.

La pregunta –dijo- no es cómo conseguir que los inversores institucionales inviertan en el desarrollo de infraestructuras en los países pobres, la cuestión es cómo asegurar que los países tienen el control sobre las finanzas que afectan a sus objetivos de desarrollo. Esto no es sólo para los países en desarrollo, sino también para los países desarrollados, donde la pobreza y las desigualdades son problemas crecientes. Hay once por ciento de desnutrición en Estados Unidos, un país rico donde no hay falta de recursos financieros.

Kwakkenbos citó el informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la cooperación al desarrollo como “una descripción exacta de los verdaderos desafíos: la rendición de cuentas, impacto sobre el desarrollo y adicionalidad”.

Roberto Bissio, del Secretariado de Social Watch, explicó las conclusiones de más de 50 coaliciones nacionales incluidas en el informe y las dinámicas entre los “fines” (las metas acordadas) y los medios para ponerlas en práctica, que es el núcleo del debate de toda la cooperación al desarrollo. En las conversaciones actuales, los “fines” están siendo reducidos de tal manera que no se requerirían esfuerzos de cooperación adicionales. La erradicación de la pobreza extrema, definida según ingresos por debajo de 1,25 dólares al día parece encaminada a convertirse en el principal objetivo para 2030. Pero este objetivo no implica ningún cambio transformador, ya que las proyecciones actuales indican que esta reducción es lo que va a suceder de todos modos, si continúan las tendencias actuales.

En 2004, en la undécima sesión de la UNCTAD en San Pablo, el Secretario General Rubens Ricupero advirtió a los países en desarrollo acerca de la liberalización de las cuentas de capital comparando esa medida con unirse a la mafia. Si los beneficios esperados no se materializan después de un tiempo, uno no puede enviar una carta de renuncia!

Muchos países, demasiados países, intentaron la liberalización financiera y ahora se están dando cuenta de que ésta no trae los beneficios deseados, pero ya no pueden escaparse de la trampa.

Lo que se necesita es un “programa de protección de testigos” para los países que tratan de salir de la liberalización extrema de las finanzas y las inversiones, protegida a través de una red de tratados bilaterales de inversión que penalizan cualquier cambio en las reglas que a los inversores no les guste. Tal programa sólo puede venir de las Naciones Unidas, pero hay muy poca ayuda actualmente en el sistema de desarrollo de la ONU para los países que quieren recuperar su autoridad sobre sus propias políticas de desarrollo.

La próxima semana, en Fortaleza, Brasil, los BRICS realizarán el lanzamiento de su propio banco de desarrollo y un fondo monetario, con un capital de cien mil millones de dólares cada uno. Y esto ocurre en un momento en que el FMI ha agotado sus fondos con el último préstamo a Ucrania. El noventa por ciento de los fondos del FMI están desplegados actualmente en Europa y el Congreso de los Estados Unidos ha vetado un aumento de los Derechos Especiales de Giro (la “moneda” del FMI), así como un aumento en el poder de voto de los países en desarrollo, incluso cuando el G20 acordó ambas medidas en 2010 y aun cuando ellas no afectan el poder de veto norteamericano.

“Corremos el riesgo de entrar en una nueva guerra fría, con el mundo dividido en dos bloques más o menos igual de poderosos “, argumentó Bissio. “Cómo evitarla y abrir una nueva era de colaboración real y genuina es la real agenda de cooperación del futuro.”

Jens Martens, del Global Policy Forum, argumentó que “las asociaciones de múltiples partes interesadas (multistakeholder partnerships) son la moda de hoy”. Se basan en la idea de que los gobiernos no van a ser capaces de resolver los problemas globales por sí mismos. El sector empresarial es visto como el principal motor del desarrollo, del crecimiento y la creación de empleo.

Las alianzas multisectoriales, de hecho, implican una serie de riesgos y efectos secundarios, dijo Martens. La creciente influencia del sector empresarial sobre el discurso político y la formulación de normas es uno de esos riesgos. Los críticos temen que las iniciativas de colaboración permitan a las empresas transnacionales y sus grupos de interés tener creciente influencia sobre la toma de decisiones de los gobiernos.

Además, elegir socios inapropiados podría dañar la reputación de las Naciones Unidas. Esto es particularmente problemático en la asociación con empresas cuyas actividades son contrarias a las normas y estándares de la ONU. Muchas empresas transnacionales han sido acusadas de violar las normas de derechos medioambientales, sociales o humanos.

Las asociaciones entre las organizaciones internacionales y determinadas empresas individuales pueden afectar la libre competencia, ya que proporcionan a las transnacionales involucradas una ventaja de imagen, apoyo en su búsqueda de mercados y acceso a los gobiernos.

La provisión de bienes públicos se privatiza cada vez más, se convertirá en dependiente de canales voluntarios y, en definitiva impredecibles de financiación a través de personas benévolas o fundaciones filantrópicas privadas.

En lugar de considerar las iniciativas de asociación como complementarias a los procesos intergubernamentales, a menudo éstas se vuelven un sustituto de los acuerdos intergubernamentales.

Con el fin de evitar la “captura corporativa” de la ONU y la influencia indebida de los actores empresariales de la agenda post-2015, la ONU y los Estados miembros deben crear un marco intergubernamental para la rendición de cuentas en el Programa Post-2015.

El Foro de Alto Nivel Político (HLPF) y el Foro de Cooperación para el Desarrollo (DCF) podrían convertirse en el mecanismo para el control y la supervisión de las asociaciones en la agenda de desarrollo post-2015.

Muchos gobiernos han apoyado esta alianza de la ONU con las transnacionales, mientras que otros han permanecido en silencio, a pesar de que se sienten incómodos con los últimos acontecimientos. Es hora de que los estados miembros se pronuncien sobre el papel que se imaginan para el sector empresarial en la agenda post-2015 y el sistema de las Naciones Unidas en general, y cuales son los riesgos que las prácticas y actitudes actuales pueden plantear. La reciente iniciativa encabezada por Ecuador en el Consejo de Derechos Humanos que aprobó comenzar a elaborar un instrumento vinculante para regular las empresas transnacionales puede estar indicando que el discurso está cambiando hacia un reconocimiento más fuerte de las responsabilidades empresariales hacia los derechos humanos.

Tomado de Social Watch.

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